Sobre el abolicionismo

"La víctima del abolicionismo de la prostitución es diferente, entre otras razones, porque para el abolicionismo de la prostitución sobre las que se proyecta su acción "salvadora" son un mero instrumento o intermediario al que deshumaniza so pretexto de que el objetivo abolicionista es atacar la esencia misma de la comunidad, para obtener su destrucción y su sustitución por la estructura social y política que la ideología abolicionista quiere"

Montse Neira
EL REPORTAJE QUE PUBLICÓ EL PAÍS SEMANAL EL DÍA 3 DE JUNIO DE 2012 LO PODÉIS ENCONTRAR EN EL SIGUIENTE ENLACE:
http://apliweb.uned.es/comunicacion/prensa/ficheros_ver.asp?ID=6040612

y EL LIBRO "UNA MALA MUJER" SE PUEDE YA COMPRAR EN DIGITAL:
www.amabook.com

Hay que sustituir el paradigma basado en las "necesidades" de las personas que ejercen la prostitución por uno nuevo basado en los DERECHOS FUNDAMENTALES y responsabilidad para ejercer su participación en todos los aspectos de la vida comunitaria.

martes, 31 de enero de 2012

"Triquiñuelas" en los prostíbulos

http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2012/02/01/coacciones-hay-delito-prostitucion/740821.html


XAVIER PERIS PALMA "La cuestión de la prostitución voluntaria que no suponga coacción, engaño, violencia o sometimiento, bien por cuenta propia o dependiendo de un tercero que establezca condiciones de trabajo que no conculquen los derechos de los trabajadores no puede solventarse con enfoques morales..." Una sentencia dictada por el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín ha servido como precedente para sobreseer la causa que pesaba contra cuatro responsables de un club de alterne de Eivissa, donde unas 25 mujeres ejercían la prostitución. El juez de Eivissa asume las tesis del letrado de la defensa y de la fiscal, en el sentido de que todas las mujeres trabajaban allí de forma voluntaria.
La operación policial en el club Pure Platinum, ubicado en Sant Jordi, en la carretera del aeropuerto de Eivissa, se desarrolló en julio del año pasado. Los agentes arrestaron al gerente y a tres trabajadores del establecimiento –un hombre y dos mujeres– e identificaron a unas 25 mujeres que ejercían la prostutición. Durante las primeras declaraciones, todas estas mujeres negaron que sufrieran cualquier tipo de coacción para dedicarse a la prostitución o que se encontratan en malas condiciones.
Tras pasar por el juzgado de guardia, el gerente ingresó en prisión preventiva, mientras que los otros tres detenidos eludieron la cárcel abonando fianzas de hasta 5.000 euros. El abogado de los acusados, Josep Maria Costa, solicitó posteriormente el sobreseimiento de la causa. Alegaba el letrado, entre otras cosas, la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictada por el magistrado José Antonio Martín Pallín, que cuestiona que exista delito cuando las mujeres ejercen la prostitución por cuenta ajena sin coacciones.
La fiscal del caso asumió esta tesis. En su escrito dirigido al juzgado en enero recoge cómo de las manifestaciones de los testigos no cabe inferir que existiera un delito de explotación sexual, ya que "no se relata ninguna violencia o intimidación". Es más, uno de los testigos protegidos, que había trabajado en el local, se quejaba de que para poder ejercer la prostitución en verano –cuando las mujeres llegaban a ganar 4.000 euros al día– tenían que trabajar también en invierno –cuando tienen ingresos muy inferiores– a fin de reservar la plaza. Según las manifestaciones del gerente, existía una larga lista de espera para trabajar en el establecimiento. A ello añade la fiscal las declaraciones de las mujeres tras la redada. Todas ellas manifestaron que ejercían la prostitución libremente.
A partir de ahí, la fiscal considera que no hay evidencias de que "la relación de las trabajadoras con el club se haya producido en condiciones de las que se derive un claro perjuicio o supresión" de sus derechos. Es decir, que hubiera una situación de explotación sexual.

Limpieza de habitaciones
La fiscal admite que las "trabajadoras" debían pagar una cantidad al empresario por sus servicios, aunque considera que esta comisión está justificada "por el hecho de que el club se hacía cargo de entregarles sábanas limpias y de limpiar la habitación que ellas usaban". También aduce que las cantidades que las mujeres abonaban en concepto de alojamiento y manutención "son ajustadas a los precios de mercado por alquiler de una habitación en verano en Eivissa", con desayuno y cena incluidos (entre 50 y 60 euros).
Las mujeres admitieron también que "tenían un horario con días libres y la posibilidad de faltar algún día al club previa comunicación al encargado, condiciones que no pueden entenderse que vulneren los derechos de las trabajadoras", prosigue la fiscal.
Así, al entender que en el caso "no existió violencia, intimidación, engaño, abuso de superioridad, expecial vulnerabilidad de la víctima (...) y al margen de razones de moralidad", la fiscal considera que no hay delito contra los derechos de los trabajadores.
La fiscal pidió el sobreseimiento de los acusados, si bien solicitó que se informara a la Inspección de Trabajo de la infracción que suponía que las trabajadoras no estuvieran dadas de alta en la seguridad social y que se trasladara a Hacienda la investigación patrimonial realizada por la Policía por si había indicios de que se hubiera cometido alguna irregularidad fiscal.

En su resolución, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Eivissa admitió el planteamiento del fiscal y acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones sobre los imputados.
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Los prostíbulos han ido modificando su modus operandi para burlar la ley, lo que está dificultando la tarea policial para encontrar irregularidades, según alertan las fuerzas del orden. "Cada vez tienen más cuidado con la ley. Exigen papeles a todas las mujeres y vigilan mucho la edad", afirman desde el Cuerpo Nacional de Policía. "Macroburdeles como los de la Junquera no cobran ya por servicio, sino un fijo por noche. Así es muy difícil intervenir", añaden. En concreto, en el Paradise, la empresa cobra 70 euros por hospedar a las mujeres una noche. Sin embargo, sí que exigen a las prostitutas cobrar 80 euros por 30 minutos y 120 por hora. El club asegura que ellas se quedan con todo ese dinero.
Y es que los prostíbulos cada vez trabajan más al filo de la ley. Durante los últimos años, este tipo de negocios ha ido puliendo su oferta hasta poner muy difícil el trabajo policial. Sin embargo, en 2011, el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) realizó 110 detenciones a administradores y encargados de burdeles, un 22% más respecto al año anterior.
La prostitución no es un delito. Lo que sí lo es, sin embargo, es que terceros se lucren de ella. En este tipo de negocios, los agentes utilizan los libros de cuentas -además de las propias declaraciones de las mujeres- para saber si se les cobra por servicios realizados. Los precios y los porcentajes con los que se quedan dependen mucho de quién esté detrás de ellos.
"Los prostíbulos cada vez buscan menos complicaciones. El cambio se nota en cosas que hasta hace un tiempo eran impensables. Por ejemplo, no son pocos los locales que exigen papeles y un documento que acredite la mayoría de edad a las mujeres", explican fuentes policiales.

Pese a ello, el Grupo VI de la UCRIF del CNP en Catalunya encontró a 280 mujeres en situación irregular en prostíbulos catalanes. "Están en una situación muy precaria. Son doblemente víctimas: tienen a las mafias que las explotan y, además, saben que nuestro deber es expulsarlas si están en situación irregular”, dicen las mismas fuentes.

El Grupo VI está especializado en realizar intervenciones selectivas en pisos y locales donde se ejerce la prostitución. Para ello, utilizan cualquier tipo de pistas que puedan sugerir que los prostíbulos estén infringiendo la ley: comentarios en foros de internet, anuncios en periódicos e incluso las mismas denuncias de los vecinos.

Según fuentes policiales, gran parte de los detenidos se han realizado en pisos. "Por los datos que disponemos, los pisos suelen estar vinculados con redes de prostitución chinas. Los porcentajes suelen ir entre el 40% y el 50% en precios que giran entorno los 60 euros la hora", explican fuentes policiales. El resto del dinero queda en manos de las mujeres, aunque la mayoría de veces deben pagar a las mafias que las han introducido en el país.
Además de la detección de casos de explotación sexual, estas intervenciones sirven para obtener información sobre las mafias que trabajan en el territorio catalán. En algunos casos, los administradores de prostíbulos intentan desvincular sus actividades de las redes de explotación sexual y se presentan como empresarios autónomos. “Aunque sea así, es cierto que estas mafias hacen rotar a las chicas por distintos locales. De esta forma, se consigue un rastro de su recorrido”, afirman.